Dos casos de alto impacto sacuden la administración pública municipal: una enfermera que fue vista trabajando en una clínica privada mientras tenía licencia médica y un empleado condenado por abuso sexual aguardan la decisión de la Justicia Laboral para saber si perderán la protección gremial que impide su despido inmediato. Ambos trabajadores cuentan con tutela sindical —uno pertenece a ATE y otro al Sindicato de Trabajadores Municipales (STM)—, por lo que el Gobierno local no puede avanzar con su cesantía sin que previamente los jueces autoricen el desafuero. El caso más avanzado es el de la enfermera de la Guardia que, según consta en el expediente, presentó un certificado médico el 18 de diciembre pasado por fascitis plantar que le otorgaba diez días de reposo. Sin embargo, dos días después fue vista cumpliendo funciones en el Hospital Privado Sadiv, y la institución confirmó su asistencia laboral en las mismas fechas en que debía estar inactiva. Frente a esta inconducta notoria, que constituye una falta grave con perjuicio directo a la administración municipal, el área de Legales elevó el caso al Tribunal Laboral N.° 2 para solicitar la exclusión de su tutela sindical, paso imprescindible para concretar el despido. En paralelo, el segundo caso genera aún mayor indignación social: se trata de un empleado del Estadio municipal, de 52 años, que fue condenado por la Justicia Penal a tres años de prisión condicional por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de 15 años. El hecho ocurrió en 2022 y la víctima participaba de actividades deportivas en el ámbito donde él trabajaba. El Gobierno local ya inició el procedimiento para transformar el presumario administrativo en sumario, lo que habilitaría su cesantía. Sin embargo, como formó parte de la última comisión directiva del STM, su inmunidad gremial debe ser removida judicialmente. Tal como en el caso de la enfermera, serán los magistrados del fuero laboral quienes determinen si corresponde excluirlo de la protección sindical, dado que la falta por la que se lo busca apartar no guarda relación con actividades gremiales. Desde NORTE HOY se pudo saber que ambos expedientes están en análisis y que se espera una definición en las próximas semanas, en lo que se consideran precedentes institucionales relevantes para el régimen de empleo público. Estas situaciones exponen una tensión habitual en el sistema: el equilibrio entre la protección sindical y el deber de sancionar conductas que afectan el funcionamiento y la integridad moral del Estado municipal. NORTE HOY continuará siguiendo ambos procesos, por tratarse de decisiones que podrían marcar un antes y un después en la forma en que se actúa ante hechos graves en el ámbito público local. Una eventual exclusión de los fueros en estos dos casos podría reforzar la idea de que la tutela gremial no puede ser usada como escudo frente a delitos o acciones que lesionan la confianza pública, especialmente cuando hay evidencia clara y fallos judiciales firmes. Se trata, en definitiva, de garantizar que el sindicalismo no pierda su legitimidad social al amparar conductas reñidas con la ética y la ley. Redacción del Diario NORTE HOY